El Decreto Ejecutivo No. 177 de 2024 reglamenta la Ley 52 de 2016, estableciendo nuevas disposiciones sobre la obligación de las personas jurídicas de documentar anualmente su situación financiera y garantizar la custodia de sus registros contables. Esta normativa, dirigida especialmente a sociedades que operan fuera de Panamá, tiene como objetivo reforzar la transparencia fiscal y asegurar el cumplimiento de estándares internacionales, contribuyendo a la lucha contra la evasión fiscal y al fortalecimiento de la cooperación internacional.
Antecedentes y fundamentos legales: Desde el año 2009, Panamá es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales, cuyo objetivo es combatir la evasión fiscal mediante el intercambio de información entre jurisdicciones. Como parte de este compromiso, la Ley 52 de 2016 y su modificación en la Ley 254 de 2021 refuerzan la obligación de las de mantener registros contables actualizados y detallados.
¿Qué establece la nueva regulación? Este decreto refuerza la obligación de las empresas de mantener registros contables claros y detallados, alineados con su actividad económica. Los agentes residentes deben asegurarse de que sus clientes cumplen con estos requisitos para facilitar la transparencia fiscal.
Esta regulación aplica a todas las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado y otras entidades jurídicas constituidas bajo las leyes de Panamá que no realicen operaciones dentro del país o que se dediquen exclusivamente a ser tenedoras de activos dentro o fuera del territorio panameño, incluso aquellas que no tienen ningún tipo de movimiento o transacción.
Principales cambios a considerar:
- Obligación de mantener registros actualizados: Las empresas deben documentar su actividad económica de manera precisa y respaldarla con documentación adecuada.
- Plazos de entrega:
o Periodos 2021, 2022 y 2023: Hasta el 31 de marzo de 2025.
o Periodo 2024: Hasta el 30 de abril de 2025. - Declaraciones juradas: Ahora pueden ser firmadas por beneficiarios finales, representantes legales o miembros de la junta directiva.
- Sanciones: Se establecen multas de entre US$5,000 y US$1,000,000 por incumplimiento.
¿A quién afecta esta modificación? El decreto está dirigido especialmente a sociedades que operan fuera de Panamá y deben cumplir con normas internacionales de transparencia fiscal. Si su empresa se encuentra en esta
categoría, es fundamental asegurarse de cumplir con los nuevos requisitos.
Recomendaciones para el cumplimiento:
- Revisar la documentación contable y asegurarse de que cumple con la
normativa. - Coordinar con su agente residente para la correcta presentación de los
registros. - Consultar con expertos en derecho corporativo y fiscal para evitar
sanciones.
Conclusión: Las nuevas disposiciones buscan reforzar la transparencia y cumplimiento de las sociedades panameñas en el ámbito internacional. Si su empresa opera fuera del país, es esencial mantenerse informado y cumplir con estas regulaciones para evitar penalidades.
En LAC Legal entendemos que estos cambios pueden generar dudas e incertidumbre. Por eso, nuestro equipo de expertos acompaña personalmente a cada cliente, asegurando un proceso de adaptación ágil y eficiente. Nuestro
compromiso es brindarle seguridad jurídica y facilitar el cumplimiento normativo sin complicaciones.
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